¿Quién manda en España?

Salvador Crossa

Son de sobra conocidas por los medios de información las estrategias que ha ido desarrollando el PP para impedir el avance de la investigación judicial del caso Gürtel. Desde el principio, a pesar de que se personaron como acusación particular, y bien que han presumido de ello, actuaron en realidad como si de una defensa se tratara, hasta tal punto que la fiscalía anticorrupción pidió al juez por escrito que les excluyera como acusación en la causa, ya que en realidad no estaba actuando como acusación sino como defensa de los acusados.

Hemos asistido con asombro e impotencia incluso a la purga del juez que instruía el caso Gürtel, por hacer grabaciones a miembros del PP conversando con en la cárcel con sus abogados, pruebas que otros jueces han considerado lícitas e incluso confiesan haberlas aplicado en caso de necesidad y han sido consideradas pruebas legales cuando las escuchas telefónicas tenían como cometido, como era el caso, grabar conversaciones en las cuales pudieran aparecer pruebas importantes que demostraran la comisión de delitos. Pero en este caso el tribunal sentenció dando la razón al abogado de los acusados: las escuchas del juez Garzón eran ilegales.

Cuando el juez Pedreira que sustituyó al inhabilitado juez Garzón reclamó a la sede del PP los papeles de su contabilidad se negaron aduciendo que no era pertinente a los fines de la investigación. Ante la falta de colaboración manifiesta de los responsables del partido la fiscalía intervino solicitando al Tribunal de Cuentas, no a Hacienda, la contabilidad del PP durante los años 2005 a 2008, y aún espera la respuesta.

La investigación de la trama valenciana fue obstaculizada también por el propio Capms del modo más absurdo. Ocurrió tras la visita del Papa. La fiscalía anticorrupción envió a la policía a por los registros de empresas que habían colaborado en los eventos relacionados con tal acontecimiento católico. A pesar de que según la ley y como es bien conocido esos registros son públicos, el presidente Camps haciéndose el ingenuo se negó a facilitarlos aduciendo que no tenían un mandamiento judicial. Todos los retrasos posibles, por muy descarados que parezcan, convienen a quienes vulneran la ley, dado que la mayoría de los delitos prescriben a los cinco años y los que tienen que ver con la financiación ilegal de partidos a los cuatro.

Existen otras defensas estructurales mucho más consistentes que como murallas legales protegen a nuestros gobernantes de la acción caustica de la justicia, un poder incómodo para quienes se acercan a la política con ánimo de lucro. Una de ellas y quizá la más importante en lo que respecta al enriquecimiento ilegal de los gobernantes es el ya mencionado Tribunal de Cuentas, pensado para dilatar investigaciones, para mirar para otro lado y evitar las visitas de los inspectores de Hacienda a los partidos y a sus fundaciones. Es decir, Hacienda somos todos, pero los partidos políticos, sus financiaciones públicas o privadas, las donaciones que reciben, las fundaciones satélites e incluso las contrataciones de empresas son vigiladas por el mal llamado Tribunal de Cuentas, un nombre que se presta al engaño pues no se trata de un tribunal sino de una comisión proporcional de parlamentarios que disfrutan de enormes privilegios formada para demorar el tiempo de las investigaciones hasta que prescriban.

Pero el muro más importante es sin duda el que protege a la institución real. En el último mensaje navideño el Rey afirmó que la justicia estaba hecha para todos: Para todos menos para él, le faltó decir, porque según la constitución vigente el Rey es “irresponsable” y esto quiere decir que no puede ser juzgado por ningún tribunal del Estado. Por esta razón siempre va acompañado de un ministro, llamado para el caso ministro de jornada, algo parecido a un ministro de guardia, cuya función es la de acompañar a su majestad y hacerse responsable de cualquier acto que pudiera cometer su real persona del cual se derivaran responsabilidades civiles e incluso penales. No pudimos enterarnos de sus relaciones con Mario Conde que fue en su día secretario de la casa real, ni con Juan de la Rosa o Colón de Carvajal, (todos han pasado por la cárcel) y otros muchos que han salpicado de dudas a la opinión pública. Y por si fuera poco, el Rey es además Jefe supremo de los tres ejércitos. Es decir, si el parlamento que nos representa a todos y el Rey tuvieran una postura contraria en lo que respecta al uso de la fuerza militar, el ejército debería obedecer al Rey, no al parlamento. Así que de soberanía del pueblo nada de nada.

Salvador Crossa Ramírez.